Que el Gobierno de Pedro Sánchez depende de Junts es la regla que dio vida a su investidura y paralizó esta legislatura. Y el viernes ésta volvió a cumplirse: el primer decreto-ley de vivienda cayó por seis votos, 178 contra 172. Lo nuevo no fue el veto, sino lo que lo acompañaba. Junts envió esa misma mañana una contrapropuesta y leerla junto al primer texto del Gobierno desmiente el relato del bloqueo infinito . Los dos coinciden en lo esencial: bonificar en el IRPF al propietario que modera la renta, rebajar el IVA a la vivienda y suspender el desahucio del vulnerable con compensación a cargo de la Administración. Los separaba la coerción sobre el pequeño propietario alentada por Sumar y Podemos: el tope del 2%, la conversión forzosa del alquiler de temporada y la prórroga casi indefinida con doce mensualidades de indemnización. Proteger al inquilino exige conservar propietarios dispuestos a alquilar, y en España el arrendador es sobre todo una familia. Si se le carga el coste, vende, se pasa al alquiler temporal o cierra el piso. El Banco de España lo advirtió en su último Informe Anual: los topes sin respuesta de la oferta desplazan viviendas hacia otros usos.La política de vivienda capaz de sumar mayorías en España combina incentivos fiscales a la duración voluntaria del contrato, desalojo ágil de la ocupación sin título, suelo e IVA reducido para la obra nueva y una garantía pública de impago para el inquilino vulnerable. Esta última exige contrapesos para limitar el gasto y el riesgo moral: franquicia a cargo del propietario, tope de renta, plazo máximo de cobertura, vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, recobro frente al deudor solvente y una dotación anual cerrada que evalúe la AIReF. Sin ellos sería un cheque en blanco para ambos lados del contrato.Ese acuerdo no lo perdió Junts. Lo perdió la izquierda radical que gobierna con Sánchez. Pablo Bustinduy, encargado de defender el segundo decreto, no atrajo los votos que faltaban: acusó a PP, Vox y Junts de abrazar el rentismo, habló de «infamia» y advirtió de que cada desahucio llevaría «los nombres y apellidos de los que voten que no». Su decreto perdió incluso al PNV: 184 a 166. Ya derrotado, vaticinó la desaparición de Junts. Un ministro no es un activista bocachancla ni un ‘hooligan’. Su oficio es convertir una mayoría posible en ley, y quien señala a los diputados cuyo voto necesita no negocia: hace campaña. Desgraciadamente, el tono lo habían fijado la víspera Sánchez y Díaz: con la gente o con los especuladores.Por eso, lo ocurrido dice mucho de dónde está Sánchez. No buscó el acuerdo, ni siquiera con Junts. Echó gasolina al fuego y con la mandíbula rígida subió a la tribuna para amenazar con convocar elecciones para que Orriols se coma a Nogueras, a pesar de que Begoña y él mismo pudiesen quedar a la intemperie ante un tribunal (con jurado o sin). Mientras tanto, el mercado va por libre: según idealista, el alquiler registró en septiembre su primera caída trimestral desde 2021. La protección del inquilino no se decreta contra el propietario; se compra, con presupuesto y con contrapesos, a quien está dispuesto a seguir alquilando. Es más caro que un tope. Pero el tope, como acaba de comprobar el Gobierno, tampoco sale gratis: cuesta seis votos. Es el mercado, amigo . Que el Gobierno de Pedro Sánchez depende de Junts es la regla que dio vida a su investidura y paralizó esta legislatura. Y el viernes ésta volvió a cumplirse: el primer decreto-ley de vivienda cayó por seis votos, 178 contra 172. Lo nuevo no fue el veto, sino lo que lo acompañaba. Junts envió esa misma mañana una contrapropuesta y leerla junto al primer texto del Gobierno desmiente el relato del bloqueo infinito . Los dos coinciden en lo esencial: bonificar en el IRPF al propietario que modera la renta, rebajar el IVA a la vivienda y suspender el desahucio del vulnerable con compensación a cargo de la Administración. Los separaba la coerción sobre el pequeño propietario alentada por Sumar y Podemos: el tope del 2%, la conversión forzosa del alquiler de temporada y la prórroga casi indefinida con doce mensualidades de indemnización. Proteger al inquilino exige conservar propietarios dispuestos a alquilar, y en España el arrendador es sobre todo una familia. Si se le carga el coste, vende, se pasa al alquiler temporal o cierra el piso. El Banco de España lo advirtió en su último Informe Anual: los topes sin respuesta de la oferta desplazan viviendas hacia otros usos.La política de vivienda capaz de sumar mayorías en España combina incentivos fiscales a la duración voluntaria del contrato, desalojo ágil de la ocupación sin título, suelo e IVA reducido para la obra nueva y una garantía pública de impago para el inquilino vulnerable. Esta última exige contrapesos para limitar el gasto y el riesgo moral: franquicia a cargo del propietario, tope de renta, plazo máximo de cobertura, vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, recobro frente al deudor solvente y una dotación anual cerrada que evalúe la AIReF. Sin ellos sería un cheque en blanco para ambos lados del contrato.Ese acuerdo no lo perdió Junts. Lo perdió la izquierda radical que gobierna con Sánchez. Pablo Bustinduy, encargado de defender el segundo decreto, no atrajo los votos que faltaban: acusó a PP, Vox y Junts de abrazar el rentismo, habló de «infamia» y advirtió de que cada desahucio llevaría «los nombres y apellidos de los que voten que no». Su decreto perdió incluso al PNV: 184 a 166. Ya derrotado, vaticinó la desaparición de Junts. Un ministro no es un activista bocachancla ni un ‘hooligan’. Su oficio es convertir una mayoría posible en ley, y quien señala a los diputados cuyo voto necesita no negocia: hace campaña. Desgraciadamente, el tono lo habían fijado la víspera Sánchez y Díaz: con la gente o con los especuladores.Por eso, lo ocurrido dice mucho de dónde está Sánchez. No buscó el acuerdo, ni siquiera con Junts. Echó gasolina al fuego y con la mandíbula rígida subió a la tribuna para amenazar con convocar elecciones para que Orriols se coma a Nogueras, a pesar de que Begoña y él mismo pudiesen quedar a la intemperie ante un tribunal (con jurado o sin). Mientras tanto, el mercado va por libre: según idealista, el alquiler registró en septiembre su primera caída trimestral desde 2021. La protección del inquilino no se decreta contra el propietario; se compra, con presupuesto y con contrapesos, a quien está dispuesto a seguir alquilando. Es más caro que un tope. Pero el tope, como acaba de comprobar el Gobierno, tampoco sale gratis: cuesta seis votos. Es el mercado, amigo .
Que el Gobierno de Pedro Sánchez depende de Junts es la regla que dio vida a su investidura y paralizó esta legislatura. Y el viernes ésta volvió a cumplirse: el primer decreto-ley de vivienda cayó por seis votos, 178 contra 172. Lo nuevo no … fue el veto, sino lo que lo acompañaba. Junts envió esa misma mañana una contrapropuesta y leerla junto al primer texto del Gobierno desmiente el relato del bloqueo infinito. Los dos coinciden en lo esencial: bonificar en el IRPF al propietario que modera la renta, rebajar el IVA a la vivienda y suspender el desahucio del vulnerable con compensación a cargo de la Administración. Los separaba la coerción sobre el pequeño propietario alentada por Sumar y Podemos: el tope del 2%, la conversión forzosa del alquiler de temporada y la prórroga casi indefinida con doce mensualidades de indemnización.
Proteger al inquilino exige conservar propietarios dispuestos a alquilar, y en España el arrendador es sobre todo una familia. Si se le carga el coste, vende, se pasa al alquiler temporal o cierra el piso. El Banco de España lo advirtió en su último Informe Anual: los topes sin respuesta de la oferta desplazan viviendas hacia otros usos.
La política de vivienda capaz de sumar mayorías en España combina incentivos fiscales a la duración voluntaria del contrato, desalojo ágil de la ocupación sin título, suelo e IVA reducido para la obra nueva y una garantía pública de impago para el inquilino vulnerable. Esta última exige contrapesos para limitar el gasto y el riesgo moral: franquicia a cargo del propietario, tope de renta, plazo máximo de cobertura, vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, recobro frente al deudor solvente y una dotación anual cerrada que evalúe la AIReF. Sin ellos sería un cheque en blanco para ambos lados del contrato.
Ese acuerdo no lo perdió Junts. Lo perdió la izquierda radical que gobierna con Sánchez. Pablo Bustinduy, encargado de defender el segundo decreto, no atrajo los votos que faltaban: acusó a PP, Vox y Junts de abrazar el rentismo, habló de «infamia» y advirtió de que cada desahucio llevaría «los nombres y apellidos de los que voten que no». Su decreto perdió incluso al PNV: 184 a 166. Ya derrotado, vaticinó la desaparición de Junts. Un ministro no es un activista bocachancla ni un ‘hooligan’. Su oficio es convertir una mayoría posible en ley, y quien señala a los diputados cuyo voto necesita no negocia: hace campaña. Desgraciadamente, el tono lo habían fijado la víspera Sánchez y Díaz: con la gente o con los especuladores.
Por eso, lo ocurrido dice mucho de dónde está Sánchez. No buscó el acuerdo, ni siquiera con Junts. Echó gasolina al fuego y con la mandíbula rígida subió a la tribuna para amenazar con convocar elecciones para que Orriols se coma a Nogueras, a pesar de que Begoña y él mismo pudiesen quedar a la intemperie ante un tribunal (con jurado o sin).
Mientras tanto, el mercado va por libre: según idealista, el alquiler registró en septiembre su primera caída trimestral desde 2021. La protección del inquilino no se decreta contra el propietario; se compra, con presupuesto y con contrapesos, a quien está dispuesto a seguir alquilando. Es más caro que un tope. Pero el tope, como acaba de comprobar el Gobierno, tampoco sale gratis: cuesta seis votos. Es el mercado, amigo.
RSS de noticias de economia
