La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para dejar atrás definitivamente los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, hoy el consejo de administración ha convocado una junta de accionistas para el 18 de septiembre en la que prevé aprobar el proyecto para el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). Junto al Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México), se trata de una de las dos oportunidades de negocio clave que la empresa incluyó en el plan de crecimiento publicado el pasado mes de junio, apenas unas horas después de recibir el visto bueno judicial al plan de reestructuración que le permitió evitar el concurso de acreedores. Según se lee en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único punto del día de la cita a los accionistas será la aprobación de este proyecto. Para este contrato, como en el de Escollín, Duro Felguera tendrá como socio principal a Mota-Engil México, que en octubre de 2025 abandonó el accionariado de la firma asturiana tras una reducción de capital que convirtió a la empresa de infraestructuras Prodi -también, de capital mexicano- en accionista mayoritario con más de un 80% de los títulos. La relación de Prodi y Mota con Duro Felguera se remonta a 2023, cuando ambas adquirieron un 23% de los títulos de la empresa asturiana a cambio de 50 y 40 millones de euros respectivamente, que debían servir para que la firma levantara el vuelo. No fue el caso, como tampoco había sido suficiente el préstamo de 120 millones de euros otorgado por la SEPI (dependiente del Ministerio de Hacienda) en 2021 para hacer frente a los estragos de la pandemia, y que le granjeó a la empresa pública el derecho a tener dos sillas en el consejo. El fracaso de este rescate a varios niveles -público y privado- iniciado en plena pandemia se evidenció al cierre del primer semestre de 2024, cuando la firma presentó pérdidas de 26,3 millones de euros tras sufrir un relevo en su dirección con las salidas de director económico financiero, Raúl Sánchez, y el CEO, Jaime Argüelles. A esto se sumó, en noviembre de ese año, una solicitud de indemnización de 413 millones por parte de la argelina Sonelgaz por la suspensión de un contrato en Argelia, una demanda que se sumaba a las que la compañía ya tenía abiertas en España, Venezuela y Dubái. Finalmente, en diciembre de 2024 llegó la solicitud de preconcurso de acreedores, dando inicio a un viacrucis de diez meses durante los que la empresa trató de presentar una reestructuración de deuda que fuera creíble a ojos de los acreedores. Dicho plan fue presentado en octubre de 2025, apenas un día antes de que caducara el plazo que había otorgado el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón para evitar el concurso, y consistía en la venta de activos, despidos masivos, una reducción de capital de hasta cinco millones de euros -lo que redujo en un 50% el valor de los títulos que cotizaban en Bolsa, forzando a los minoritarios a perder la mitad de su dinero- y la amortización de acciones en manos de Prodi y Mota por 2,9 millones de euros.Sin embargo, el punto clave del plan fue una inyección de 10 millones de euros por parte de Prodi, que se sumarán a los veinte millones esperados por las desinversiones previstas, y el aplazamiento del vencimiento del préstamo de la Sepi hasta 2035. Muy polémica fue esta medida de gracia, que en el pasado mes de junio recibió el aval judicial cuando el juzgado número 3 de Gijón desestimó las demandas incidentales presentadas por los afectados, que consideraban que se les discriminó porque ellos soportaron quitas del 100% en algunos casos mientras la empresa pública se aseguraba el pago a cambio de flexibilizar las condiciones impuestas a Duro Felguera. La participación de Duro Felguera en el proyecto Tula consistirá en la porestación de servicios y suministros especializados por un importe de 210 millones de euros, dentro de un contrato adjudicado a Mota-Engil México, que actúa como contratista principal mientras que la firma asturiana participará como subcontratista. La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para dejar atrás definitivamente los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, hoy el consejo de administración ha convocado una junta de accionistas para el 18 de septiembre en la que prevé aprobar el proyecto para el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). Junto al Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México), se trata de una de las dos oportunidades de negocio clave que la empresa incluyó en el plan de crecimiento publicado el pasado mes de junio, apenas unas horas después de recibir el visto bueno judicial al plan de reestructuración que le permitió evitar el concurso de acreedores. Según se lee en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único punto del día de la cita a los accionistas será la aprobación de este proyecto. Para este contrato, como en el de Escollín, Duro Felguera tendrá como socio principal a Mota-Engil México, que en octubre de 2025 abandonó el accionariado de la firma asturiana tras una reducción de capital que convirtió a la empresa de infraestructuras Prodi -también, de capital mexicano- en accionista mayoritario con más de un 80% de los títulos. La relación de Prodi y Mota con Duro Felguera se remonta a 2023, cuando ambas adquirieron un 23% de los títulos de la empresa asturiana a cambio de 50 y 40 millones de euros respectivamente, que debían servir para que la firma levantara el vuelo. No fue el caso, como tampoco había sido suficiente el préstamo de 120 millones de euros otorgado por la SEPI (dependiente del Ministerio de Hacienda) en 2021 para hacer frente a los estragos de la pandemia, y que le granjeó a la empresa pública el derecho a tener dos sillas en el consejo. El fracaso de este rescate a varios niveles -público y privado- iniciado en plena pandemia se evidenció al cierre del primer semestre de 2024, cuando la firma presentó pérdidas de 26,3 millones de euros tras sufrir un relevo en su dirección con las salidas de director económico financiero, Raúl Sánchez, y el CEO, Jaime Argüelles. A esto se sumó, en noviembre de ese año, una solicitud de indemnización de 413 millones por parte de la argelina Sonelgaz por la suspensión de un contrato en Argelia, una demanda que se sumaba a las que la compañía ya tenía abiertas en España, Venezuela y Dubái. Finalmente, en diciembre de 2024 llegó la solicitud de preconcurso de acreedores, dando inicio a un viacrucis de diez meses durante los que la empresa trató de presentar una reestructuración de deuda que fuera creíble a ojos de los acreedores. Dicho plan fue presentado en octubre de 2025, apenas un día antes de que caducara el plazo que había otorgado el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón para evitar el concurso, y consistía en la venta de activos, despidos masivos, una reducción de capital de hasta cinco millones de euros -lo que redujo en un 50% el valor de los títulos que cotizaban en Bolsa, forzando a los minoritarios a perder la mitad de su dinero- y la amortización de acciones en manos de Prodi y Mota por 2,9 millones de euros.Sin embargo, el punto clave del plan fue una inyección de 10 millones de euros por parte de Prodi, que se sumarán a los veinte millones esperados por las desinversiones previstas, y el aplazamiento del vencimiento del préstamo de la Sepi hasta 2035. Muy polémica fue esta medida de gracia, que en el pasado mes de junio recibió el aval judicial cuando el juzgado número 3 de Gijón desestimó las demandas incidentales presentadas por los afectados, que consideraban que se les discriminó porque ellos soportaron quitas del 100% en algunos casos mientras la empresa pública se aseguraba el pago a cambio de flexibilizar las condiciones impuestas a Duro Felguera. La participación de Duro Felguera en el proyecto Tula consistirá en la porestación de servicios y suministros especializados por un importe de 210 millones de euros, dentro de un contrato adjudicado a Mota-Engil México, que actúa como contratista principal mientras que la firma asturiana participará como subcontratista.
La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para dejar atrás definitivamente los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, hoy el consejo de administración ha anunciado un paso clave … de cara a materializar uno de los dos proyectos en los que ha confiado su estrategia de crecimiento: el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo ha convocado una junta de accionistas para el próximo 18 de septiembre cuyo único propósito es aprobar este proyecto, que se enmarca dentro del plan de crecimiento que la firma dio a conocer el pasado mes de junio, una vez recibido el visto bueno judicial al plan de reestructuración que le permitió evitar el concurso de acreedores.
El llamado ‘proyecto Tula’ y el Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México) son en este momento los dos proyectos más avanzados con los que cuenta la compañía. Todavía no hay contrato formal, pero Duro Felguera ya ha comprometido 300 millones de euros a estos dos proyectos dentro de una carta de intención que expresa un preacuerdo entre las partes.
la noticia llega después de que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimara íntegramente las demandas incidentales de oposición a la homologación judicial del plan de reestructuración conjunto del Grupo Duro Felguera, suscrito el 21 de octubre de 2025.
Las demandas habían sido interpuestas contra Duro Felguera y filiales por parte de las mercantiles Romgaz, Zgounder Millenium Silver Mining, Asturfluid, Luongo Underwriters and Consulting, Aerzen Ibérica, PMI ‘WWtech’ Przemyslaw WÓjcik Yslaw Wójcik, Scafom España, RSB Advisors, y las sociedades del Grupo General Electric.
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