Tres organismos de inteligencia, seguridad y fuerzas del orden de la República Islámica de Irán informaron este sábado, mediante comunicados separados, de la detención de más de 250 personas acusadas de distintos cargos, entre ellos “espionaje”, “separatismo” y “envío de imágenes de lugares impactados por misiles”. Paralelamente, las ejecuciones de opositores y manifestantes continúan sin signos de tregua.
Más de 250 personas han sido detenidas en un solo día en medio de un repunte de las ejecuciones
Tres organismos de inteligencia, seguridad y fuerzas del orden de la República Islámica de Irán informaron este sábado, mediante comunicados separados, de la detención de más de 250 personas acusadas de distintos cargos, entre ellos “espionaje”, “separatismo” y “envío de imágenes de lugares impactados por misiles”. Paralelamente, las ejecuciones de opositores y manifestantes continúan sin signos de tregua.
La Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica indicó en una nota oficial que ha procedido a la detención de 239 personas. Según el mismo comunicado, 155 arrestos se efectuaron en Kermanshah y 84 en Kurdistán. Kermanshah, limítrofe con Irak, en el oeste del país, es una de las principales provincias de población kurda en Irán y fue escenario de amplias protestas, acompañadas de una intensa respuesta represiva, durante las movilizaciones del pasado enero. El organismo confirmó asimismo la muerte de una persona durante el operativo.
Por su parte, el Ministerio de Inteligencia anunció en otro comunicado la detención de “un espía con amplia experiencia” al servicio de Israel, identificado como Omid A., en la provincia de Ilam, también en el oeste de Irán, así como el arresto de “16 agentes mercenarios y colaboradores del enemigo criminal en cinco provincias del país”.
En la misma línea, el Mando de las Fuerzas de Seguridad informó de la detención de un individuo en el este de Teherán, bajo sospecha de “recopilar y transferir documentación relativa a puntos alcanzados por misiles a redes hostiles”. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, difundió un vídeo que presenta como la confesión del detenido. Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos han denunciado reiteradamente la difusión pública de este tipo de grabaciones antes de la celebración del juicio, al considerar que vulnera de forma flagrante el derecho a un proceso justo. Organizaciones como Amnistía Internacional las han calificado como “confesiones forzadas”.
En este contexto, el presidente del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohsení Ejeí, y el general Ahmadreza Radan, jefe de la Policía, han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de acelerar las detenciones y la ejecución de los castigos contra los sospechosos, instando a los órganos competentes a evitar cualquier dilación.
La actual oleada represiva, que ya venía intensificándose desde meses antes de las protestas de enero, ha experimentado un notable recrudecimiento tras el alto el fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Diversas organizaciones de derechos humanos que monitorizan la situación en el país han alertado del riesgo creciente de nuevas ejecuciones, en un contexto en el que cientos de manifestantes se enfrentan a acusaciones susceptibles de derivar en la pena capital.
El ciclo de ejecuciones se reactivó el 18 de marzo con el ajusticiamiento del ciudadano iraní-sueco Kourosh Keyvaní, acusado de “espionaje”. Apenas 24 horas después, tres manifestantes de las protestas de enero fueron ejecutados públicamente en la ciudad de Qom, epicentro religioso y académico del chiismo en Irán, bajo cargos de carácter político y de seguridad.
Posteriormente, los días 30 y 31 de marzo, otras cuatro personas fueron ejecutadas en un intervalo de 48 horas en un procedimiento vinculado a los Muyahidín-e Khalq (MEK) o la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, grupo que las autoridades iraníes consideran una organización terrorista debido a su historial de lucha armada contra el régimen. A estas ejecuciones se suman seis presuntos miembros adicionales del MEK, ejecutados a lo largo de abril.
Asimismo, otras cuatro personas vinculadas a las protestas de enero fueron ejecutadas; entre las imputaciones formuladas por el Poder Judicial figuran “incendio de una mezquita”, “destrucción y quema de un centro Basij (la milicia de los voluntarios islámicos)” y “homicidio de agentes de seguridad”. No obstante, organizaciones de derechos humanos subrayan que los acusados habrían sido privados de acceso efectivo a asistencia letrada y que la celeridad en los procesos judiciales y en las ejecuciones deja serias lagunas sobre las garantías procesales.
La ejecución más reciente de un manifestante de las protestas de enero corresponde a Erfan Moradí, llevada a cabo este sábado por la mañana en Isfahán y confirmada por el Poder Judicial. Según la agencia Mizan, vinculada a esta institución, Moradí fue condenado por “destrucción e incendio de bienes públicos y privados, generación de terror en el espacio urbano, posesión de arma blanca y ataque a fuerzas de seguridad”.
Del mismo modo, la agencia informó de la ejecución de Mahdi Farid el pasado día 22, asegurando que el condenado “transmitía información sensible del país a Israel”. Según esta versión, Farid desempeñaba funciones en “la gestión del comité de defensa pasiva de una de las instituciones estratégicas del país” y mantenía contacto “a través de redes digitales con agentes israelíes”. Sin embargo, no se han divulgado detalles verificables sobre el contenido de la información supuestamente transferida, el nivel de acceso del acusado ni las pruebas presentadas durante el proceso judicial.
Finalmente, este domingo fue ejecutado Amer Ramesh. De acuerdo con el comunicado oficial, fue detenido tras un enfrentamiento armado en las inmediaciones de Chabahar, en el sureste de Irán. Las autoridades lo identifican como miembro de Jaish al-Adl, una organización islamista suní activa en la provincia de Sistán y Baluchistán, responsable de ataques contra fuerzas militares y considerada grupo terrorista por Irán y países como Estados Unidos.
En paralelo, Mai Sato, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, ha expresado en las últimas semanas su profunda preocupación por el incremento sostenido de las detenciones y ejecuciones, advirtiendo sobre las serias dudas en torno a la imparcialidad de los procesos judiciales y al acceso real de los acusados a una defensa adecuada.
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