Hubo un tiempo –no tan lejano– en que España parecía construir para un país que no existía. Aeropuertos sin vuelos, autopistas sin tráfico y promociones residenciales fantasma se convirtieron en símbolo de una burbuja que estalló con estrépito en 2010. Aquella crisis dejó una huella indeleble: la convicción, instalada en la opinión pública y en buena parte de la clase política, de que invertir en infraestructuras había sido un exceso sospechoso y, en el peor de los casos, irresponsable. El péndulo, sin embargo, ha ido demasiado lejos. Como advierte un informe de Sener y Seopan , la patronal de las empresas constructoras y concesionarias, publicado en septiembre de 2025, España arrastra hoy un déficit acumulado que es consecuencia directa de aquella reacción. La inversión pública ha pasado del 5,2% del PIB en 2009 al 2,8% en 2022, situándose por debajo de la media europea y muy lejos de las principales economías de nuestro entorno. No es solo una cuestión contable: es un problema estructural que afecta a la productividad, la cohesión territorial y la transición energética. Otros informes, como la opinión del Instituto de Estudios Económicos de marzo de 2026, referido al mantenimiento de infraestructuras, subrayan un abandono estructural.La paradoja es evidente. España dispone de un stock de infraestructuras notable en algunos ámbitos –como la alta velocidad–, pero sufre déficits críticos en otros esenciales. El mismo informe de Seopán cuantifica en más de 349.000 millones de euros las necesidades de inversión acumuladas a medio y largo plazo, con un peso significativo en transporte, agua y energía. No se trata de construir más por inercia, sino de invertir mejor.El caso del agua es paradigmático. Un documento específico de Seopán sobre resiliencia hídrica estima necesidades de inversión superiores a 100.000 millones de euros hasta 2035, en un contexto de creciente escasez y presión climática. España no solo debe ampliar recursos –desalación, reutilización–, sino modernizar redes, reducir pérdidas y mejorar la gestión. La sequía ya no es una anomalía: es un rasgo estructural.A ello se suma la transformación energética . La electrificación del transporte exige una red capilar de electrolineras que hoy es claramente insuficiente. Sin esa red, la transición verde será, en el mejor de los casos, incompleta.Pero hay un elemento incómodo que la política española sigue evitando: la financiación. El modelo actual, basado en presupuestos públicos, ha demostrado ser insuficiente. España invierte menos en conservación de carreteras que sus vecinos europeos y acumula déficits de mantenimiento relevantes. Frente a ello, el pago por uso –extendido en la mayoría de países de la UE– no es una anomalía, sino una solución racional. Introduce eficiencia y libera recursos para nuevas inversiones. Además, es una política justa que no obliga a pagar al que no utiliza la infraestructura. El debate, en el fondo, es cultural. España debe superar el trauma de la burbuja sin caer en la parálisis inversora. Entre el despilfarro y el abandono hay un punto de equilibrio que exige planificación rigurosa, evaluación económica y, sobre todo, voluntad política. Porque las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino la base silenciosa sobre la que se construye el crecimiento, sobre todo en un país turístico. Ignorarlo tiene un coste: y empieza a ser visible. Hubo un tiempo –no tan lejano– en que España parecía construir para un país que no existía. Aeropuertos sin vuelos, autopistas sin tráfico y promociones residenciales fantasma se convirtieron en símbolo de una burbuja que estalló con estrépito en 2010. Aquella crisis dejó una huella indeleble: la convicción, instalada en la opinión pública y en buena parte de la clase política, de que invertir en infraestructuras había sido un exceso sospechoso y, en el peor de los casos, irresponsable. El péndulo, sin embargo, ha ido demasiado lejos. Como advierte un informe de Sener y Seopan , la patronal de las empresas constructoras y concesionarias, publicado en septiembre de 2025, España arrastra hoy un déficit acumulado que es consecuencia directa de aquella reacción. La inversión pública ha pasado del 5,2% del PIB en 2009 al 2,8% en 2022, situándose por debajo de la media europea y muy lejos de las principales economías de nuestro entorno. No es solo una cuestión contable: es un problema estructural que afecta a la productividad, la cohesión territorial y la transición energética. Otros informes, como la opinión del Instituto de Estudios Económicos de marzo de 2026, referido al mantenimiento de infraestructuras, subrayan un abandono estructural.La paradoja es evidente. España dispone de un stock de infraestructuras notable en algunos ámbitos –como la alta velocidad–, pero sufre déficits críticos en otros esenciales. El mismo informe de Seopán cuantifica en más de 349.000 millones de euros las necesidades de inversión acumuladas a medio y largo plazo, con un peso significativo en transporte, agua y energía. No se trata de construir más por inercia, sino de invertir mejor.El caso del agua es paradigmático. Un documento específico de Seopán sobre resiliencia hídrica estima necesidades de inversión superiores a 100.000 millones de euros hasta 2035, en un contexto de creciente escasez y presión climática. España no solo debe ampliar recursos –desalación, reutilización–, sino modernizar redes, reducir pérdidas y mejorar la gestión. La sequía ya no es una anomalía: es un rasgo estructural.A ello se suma la transformación energética . La electrificación del transporte exige una red capilar de electrolineras que hoy es claramente insuficiente. Sin esa red, la transición verde será, en el mejor de los casos, incompleta.Pero hay un elemento incómodo que la política española sigue evitando: la financiación. El modelo actual, basado en presupuestos públicos, ha demostrado ser insuficiente. España invierte menos en conservación de carreteras que sus vecinos europeos y acumula déficits de mantenimiento relevantes. Frente a ello, el pago por uso –extendido en la mayoría de países de la UE– no es una anomalía, sino una solución racional. Introduce eficiencia y libera recursos para nuevas inversiones. Además, es una política justa que no obliga a pagar al que no utiliza la infraestructura. El debate, en el fondo, es cultural. España debe superar el trauma de la burbuja sin caer en la parálisis inversora. Entre el despilfarro y el abandono hay un punto de equilibrio que exige planificación rigurosa, evaluación económica y, sobre todo, voluntad política. Porque las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino la base silenciosa sobre la que se construye el crecimiento, sobre todo en un país turístico. Ignorarlo tiene un coste: y empieza a ser visible.
Hubo un tiempo –no tan lejano– en que España parecía construir para un país que no existía. Aeropuertos sin vuelos, autopistas sin tráfico y promociones residenciales fantasma se convirtieron en símbolo de una burbuja que estalló con estrépito en 2010. Aquella crisis dejó una huella … indeleble: la convicción, instalada en la opinión pública y en buena parte de la clase política, de que invertir en infraestructuras había sido un exceso sospechoso y, en el peor de los casos, irresponsable. El péndulo, sin embargo, ha ido demasiado lejos. Como advierte un informe de Sener y Seopan, la patronal de las empresas constructoras y concesionarias, publicado en septiembre de 2025, España arrastra hoy un déficit acumulado que es consecuencia directa de aquella reacción. La inversión pública ha pasado del 5,2% del PIB en 2009 al 2,8% en 2022, situándose por debajo de la media europea y muy lejos de las principales economías de nuestro entorno. No es solo una cuestión contable: es un problema estructural que afecta a la productividad, la cohesión territorial y la transición energética. Otros informes, como la opinión del Instituto de Estudios Económicos de marzo de 2026, referido al mantenimiento de infraestructuras, subrayan un abandono estructural.
La paradoja es evidente. España dispone de un stock de infraestructuras notable en algunos ámbitos –como la alta velocidad–, pero sufre déficits críticos en otros esenciales. El mismo informe de Seopán cuantifica en más de 349.000 millones de euros las necesidades de inversión acumuladas a medio y largo plazo, con un peso significativo en transporte, agua y energía. No se trata de construir más por inercia, sino de invertir mejor.
El caso del agua es paradigmático. Un documento específico de Seopán sobre resiliencia hídrica estima necesidades de inversión superiores a 100.000 millones de euros hasta 2035, en un contexto de creciente escasez y presión climática. España no solo debe ampliar recursos –desalación, reutilización–, sino modernizar redes, reducir pérdidas y mejorar la gestión. La sequía ya no es una anomalía: es un rasgo estructural.
A ello se suma la transformación energética. La electrificación del transporte exige una red capilar de electrolineras que hoy es claramente insuficiente. Sin esa red, la transición verde será, en el mejor de los casos, incompleta.
Pero hay un elemento incómodo que la política española sigue evitando: la financiación. El modelo actual, basado en presupuestos públicos, ha demostrado ser insuficiente. España invierte menos en conservación de carreteras que sus vecinos europeos y acumula déficits de mantenimiento relevantes. Frente a ello, el pago por uso –extendido en la mayoría de países de la UE– no es una anomalía, sino una solución racional. Introduce eficiencia y libera recursos para nuevas inversiones. Además, es una política justa que no obliga a pagar al que no utiliza la infraestructura. El debate, en el fondo, es cultural. España debe superar el trauma de la burbuja sin caer en la parálisis inversora. Entre el despilfarro y el abandono hay un punto de equilibrio que exige planificación rigurosa, evaluación económica y, sobre todo, voluntad política. Porque las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino la base silenciosa sobre la que se construye el crecimiento, sobre todo en un país turístico. Ignorarlo tiene un coste: y empieza a ser visible.
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