A las puertas de la Asunción de la Virgen en agosto, una de las festividades más celebradas en España, el Ministerio para la Transición Ecológica comunicó este viernes a través del BOE una orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central nuclear de Almaraz. La traducción es que el Gobierno ha dado marcha atrás en sus políticas energéticas y atiende a la petición de los dueños de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de que sigan funcionando sus dos reactores hasta 2030. Esta decisión genera un relevante problema técnico en el calendario de cierre de las centrales nucleares, por la falta de capacidad de gestionar los residuos, y esto mete presión para replantear todos los cierres.En la parte formal, la central de Almaraz seguirá funcionando hasta 2030. Esto se debe a que las empresas pidieron en noviembre del año pasado proseguir con la operación de la planta. Posteriormente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha tenido que hacer un informe técnico para confirmar que los reactores estaban en buen estado .Ante este escenario, la cartera dirigida por Sara Aagesen tenía hasta mediados de septiembre para tomar una decisión, aunque finalmente ha decidido tomarla a mediados de agosto sin dar ninguna explicación real de la fecha elegida. Transición Ecológica fundamenta su decisión en la tensión económica que se ha generado por la crisis en Irán y con ello ha evitado trasladar el mensaje de que ha hecho lo contrario de lo que marcaba su propio programa electoral.Sobre esta situación, la exministra Teresa Ribera, que fue una de las grandes defensoras del cierre y a la que ahora en Europa le ha tocado defender la idoneidad de esta tecnología, no ha dicho nada al respecto de esta prolongación de Almaraz.Fuentes del Ministerio aseguran que la continuidad de Almaraz no condiciona el resto del calendario de cierre que se pactó en 2019 entre el propio Gobierno, las empresas propietarias y la encargada de los residuos, Enresa. Insisten en que en 2030 se producirá el cierre de Ascó I y Cofrentes; dos años después será el turno para el otro reactor de Ascó; y, finalmente, en 2035 echarán la persiana Vandellós II y Trillo. Sin embargo, lo que ha sucedido con Almaraz tiene un impacto directo en todo lo que está por venir.¿Qué pasa en 2030?Para 2030 estaba previsto el cierre de dos grupos nucleares y el inicio de su desmantelamiento. Ascó I y Cofrentes. Pero ahora se suman otras dos plantas más, las de Almaraz. Esto supone una sobrecarga de trabajo sin precedentes para Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos. Las objeciones técnicas van más allá.Los trabajos de desmantelamiento requieren de perfiles profesionales concretos, maquinaria específica y una serie de recursos que no son los cotidianos. Todo eso al margen de la propia gestión de recursos. Expertos del sector nuclear indican a este periódico que si ya ha sido un calvario toda la gestión del cierre de la central de Garoña, el hecho de que ahora se junten cuatro grupos sería una situación nunca vista.Es más, en caso de avanzar con el cierre nuclear, tal y como recalcó el Ejecutivo en el día de ayer, en 2032 llegaría otro apagón atómico que añadiría mayor presión.La exministra Teresa Ribera no se ha pronunciado sobre la prórroga de Almaraz, y fue la impulsora de su cierreDesde Transición Ecológica, sobre esta cuestión, insisten en que no hay ningún problema. Sostienen que se trata de procesos largos y complejos, y que Enresa tiene tiempo hasta el año 2030 para prepararse, dimensionarse y organizar su personal ante el desmantelamiento de los reactores nucleares. En su argumentación sobre cómo se podrá gestionar todo, el Gobierno asegura que la encargada de los residuos ya venía trabajando en los preparativos de desmantelamiento para la fecha límite de 2030, un trabajo de preparación que se remonta incluso a 2016.Para restar importancia al hecho de que cuatro reactores se desactiven a la vez, en Transición Ecológica asumen que cierto solapamiento de cierres es inevitable debido a que cada desmantelamiento es un proceso largo y complejo que toma entre 10 y 15 años, y que siempre se contempló que coincidirían múltiples reactores en diferentes etapas del proceso. Asimismo, sobre la gestión de residuos, en el Ejecutivo entienden que este solapamiento de procesos no generará riesgos ni problemas para la gestión de los residuos nucleares. Aunque se admite que abordar la retirada de los siete reactores de España entre 2027 y 2035 representa un desafío logístico importante.Revisión necesariaAunque el Gobierno lo niegue, no queda otra alternativa que revisar el calendario conjunto de cierre para que no haya ningún tipo de contratiempo. Básicamente, porque se trata de una cuestión que afecta a todo el sistema en conjunto.De hecho, Red Eléctrica ha tenido que realizar un informe para garantizar que la continuación operativa de Almaraz no supone ningún problema para el sistema. Algo obvio, por otra parte, porque una de las principales características de la energía nuclear es la prestación de una base sólida de producción eléctrica. No obstante, toda esta situación también queda a la espera de lo que decidan hacer las empresas energéticas dueñas de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa han manifestado de manera pública que por ellas mantendrían abierto el parque nuclear otros 10 años más . Sin embargo, y pese a que Naturgy sí ha avalado la ampliación operativa de Almaraz, la gasista no ha sido tan contundente. Incluso, aunque las dos grandes eléctricas hayan tenido ese posicionamiento público, sus negocios están encaminados hacia las redes eléctricas, por lo que la producción es un segmento menos en su cuenta de resultados.Cualquier decisión se deberá tomar a tres bandas y ninguna de ellas implica al Gobierno actual: el próximo Ejecutivo que saldrá de las urnas en el verano de 2027, las empresas y Enresa. Aunque todavía queda mucho tiempo para ello. La próxima revisión de los planes energéticos no llegará hasta 2028, cuando se deba reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y todo hace indicar que las empresas no moverán el asunto de manera oficial hasta esa fecha.Aunque ya hay quien pide ir más allá. Desde la patronal sectorial Foro Nuclear se considera necesario utilizar este nuevo horizonte para abordar, «con sosiego y rigor», el papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro modelo energético español. Asimismo, «resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación, en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización».De esta manera, Foro Nuclear abre el melón que en el debate sobre Almaraz las empresas habían pasado de largo: los impuestos . Las dueñas han rechazado una revisión fiscal, pero ya recuerdan que en el futuro habrá que abordar las cuestiones económicas para tratar el asunto nuclear. Y es que las empresas sostienen que se trata de un negocio poco rentable por las cargas tributarias en un contexto, además, donde existe un cambio de paradigma que ha provocado que la producción eléctrica sea cada vez menos atractiva. A las puertas de la Asunción de la Virgen en agosto, una de las festividades más celebradas en España, el Ministerio para la Transición Ecológica comunicó este viernes a través del BOE una orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central nuclear de Almaraz. La traducción es que el Gobierno ha dado marcha atrás en sus políticas energéticas y atiende a la petición de los dueños de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de que sigan funcionando sus dos reactores hasta 2030. Esta decisión genera un relevante problema técnico en el calendario de cierre de las centrales nucleares, por la falta de capacidad de gestionar los residuos, y esto mete presión para replantear todos los cierres.En la parte formal, la central de Almaraz seguirá funcionando hasta 2030. Esto se debe a que las empresas pidieron en noviembre del año pasado proseguir con la operación de la planta. Posteriormente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha tenido que hacer un informe técnico para confirmar que los reactores estaban en buen estado .Ante este escenario, la cartera dirigida por Sara Aagesen tenía hasta mediados de septiembre para tomar una decisión, aunque finalmente ha decidido tomarla a mediados de agosto sin dar ninguna explicación real de la fecha elegida. Transición Ecológica fundamenta su decisión en la tensión económica que se ha generado por la crisis en Irán y con ello ha evitado trasladar el mensaje de que ha hecho lo contrario de lo que marcaba su propio programa electoral.Sobre esta situación, la exministra Teresa Ribera, que fue una de las grandes defensoras del cierre y a la que ahora en Europa le ha tocado defender la idoneidad de esta tecnología, no ha dicho nada al respecto de esta prolongación de Almaraz.Fuentes del Ministerio aseguran que la continuidad de Almaraz no condiciona el resto del calendario de cierre que se pactó en 2019 entre el propio Gobierno, las empresas propietarias y la encargada de los residuos, Enresa. Insisten en que en 2030 se producirá el cierre de Ascó I y Cofrentes; dos años después será el turno para el otro reactor de Ascó; y, finalmente, en 2035 echarán la persiana Vandellós II y Trillo. Sin embargo, lo que ha sucedido con Almaraz tiene un impacto directo en todo lo que está por venir.¿Qué pasa en 2030?Para 2030 estaba previsto el cierre de dos grupos nucleares y el inicio de su desmantelamiento. Ascó I y Cofrentes. Pero ahora se suman otras dos plantas más, las de Almaraz. Esto supone una sobrecarga de trabajo sin precedentes para Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos. Las objeciones técnicas van más allá.Los trabajos de desmantelamiento requieren de perfiles profesionales concretos, maquinaria específica y una serie de recursos que no son los cotidianos. Todo eso al margen de la propia gestión de recursos. Expertos del sector nuclear indican a este periódico que si ya ha sido un calvario toda la gestión del cierre de la central de Garoña, el hecho de que ahora se junten cuatro grupos sería una situación nunca vista.Es más, en caso de avanzar con el cierre nuclear, tal y como recalcó el Ejecutivo en el día de ayer, en 2032 llegaría otro apagón atómico que añadiría mayor presión.La exministra Teresa Ribera no se ha pronunciado sobre la prórroga de Almaraz, y fue la impulsora de su cierreDesde Transición Ecológica, sobre esta cuestión, insisten en que no hay ningún problema. Sostienen que se trata de procesos largos y complejos, y que Enresa tiene tiempo hasta el año 2030 para prepararse, dimensionarse y organizar su personal ante el desmantelamiento de los reactores nucleares. En su argumentación sobre cómo se podrá gestionar todo, el Gobierno asegura que la encargada de los residuos ya venía trabajando en los preparativos de desmantelamiento para la fecha límite de 2030, un trabajo de preparación que se remonta incluso a 2016.Para restar importancia al hecho de que cuatro reactores se desactiven a la vez, en Transición Ecológica asumen que cierto solapamiento de cierres es inevitable debido a que cada desmantelamiento es un proceso largo y complejo que toma entre 10 y 15 años, y que siempre se contempló que coincidirían múltiples reactores en diferentes etapas del proceso. Asimismo, sobre la gestión de residuos, en el Ejecutivo entienden que este solapamiento de procesos no generará riesgos ni problemas para la gestión de los residuos nucleares. Aunque se admite que abordar la retirada de los siete reactores de España entre 2027 y 2035 representa un desafío logístico importante.Revisión necesariaAunque el Gobierno lo niegue, no queda otra alternativa que revisar el calendario conjunto de cierre para que no haya ningún tipo de contratiempo. Básicamente, porque se trata de una cuestión que afecta a todo el sistema en conjunto.De hecho, Red Eléctrica ha tenido que realizar un informe para garantizar que la continuación operativa de Almaraz no supone ningún problema para el sistema. Algo obvio, por otra parte, porque una de las principales características de la energía nuclear es la prestación de una base sólida de producción eléctrica. No obstante, toda esta situación también queda a la espera de lo que decidan hacer las empresas energéticas dueñas de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa han manifestado de manera pública que por ellas mantendrían abierto el parque nuclear otros 10 años más . Sin embargo, y pese a que Naturgy sí ha avalado la ampliación operativa de Almaraz, la gasista no ha sido tan contundente. Incluso, aunque las dos grandes eléctricas hayan tenido ese posicionamiento público, sus negocios están encaminados hacia las redes eléctricas, por lo que la producción es un segmento menos en su cuenta de resultados.Cualquier decisión se deberá tomar a tres bandas y ninguna de ellas implica al Gobierno actual: el próximo Ejecutivo que saldrá de las urnas en el verano de 2027, las empresas y Enresa. Aunque todavía queda mucho tiempo para ello. La próxima revisión de los planes energéticos no llegará hasta 2028, cuando se deba reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y todo hace indicar que las empresas no moverán el asunto de manera oficial hasta esa fecha.Aunque ya hay quien pide ir más allá. Desde la patronal sectorial Foro Nuclear se considera necesario utilizar este nuevo horizonte para abordar, «con sosiego y rigor», el papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro modelo energético español. Asimismo, «resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación, en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización».De esta manera, Foro Nuclear abre el melón que en el debate sobre Almaraz las empresas habían pasado de largo: los impuestos . Las dueñas han rechazado una revisión fiscal, pero ya recuerdan que en el futuro habrá que abordar las cuestiones económicas para tratar el asunto nuclear. Y es que las empresas sostienen que se trata de un negocio poco rentable por las cargas tributarias en un contexto, además, donde existe un cambio de paradigma que ha provocado que la producción eléctrica sea cada vez menos atractiva.
A las puertas de la Virgen de la Paloma, una de las festividades más celebradas en España, el Ministerio para la Transición Ecológica comunicó este viernes a través del BOE una orden que revoca la autorización vigente para la operación de la central nuclear de … Almaraz. La traducción es que el Gobierno ha dado marcha atrás en sus políticas energéticas y atiende a la petición de los dueños de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de que sigan funcionando sus dos reactores hasta 2030. Esta decisión genera un relevante problema técnico en el calendario de cierre de las centrales nucleares, por la falta de capacidad de gestionar los residuos, y esto mete presión para replantear todos los cierres.
En la parte formal, la central de Almaraz seguirá funcionando hasta 2030. Esto se debe a que las empresas pidieron en noviembre del año pasado proseguir con la operación de la planta. Posteriormente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha tenido que hacer un informe técnico para confirmar que los reactores estaban en buen estado.
Ante este escenario, la cartera dirigida por Sara Aagesen tenía hasta mediados de septiembre para tomar una decisión, aunque finalmente ha decidido tomarla a mediados de agosto sin dar ninguna explicación real de la fecha elegida. Transición Ecológica fundamenta su decisión en la tensión económica que se ha generado por la crisis en Irán y con ello ha evitado trasladar el mensaje de que ha hecho lo contrario de lo que marcaba su propio programa electoral.
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Sobre esta situación, la exministra Teresa Ribera, que fue una de las grandes defensoras del cierre y a la que ahora en Europa le ha tocado defender la idoneidad de esta tecnología, no ha dicho nada al respecto de esta prolongación de Almaraz.
Fuentes del Ministerio aseguran que la continuidad de Almaraz no condiciona el resto del calendario de cierre que se pactó en 2019 entre el propio Gobierno, las empresas propietarias y la encargada de los residuos, Enresa. Insisten en que en 2030 se producirá el cierre de Ascó I y Cofrentes; dos años después será el turno para el otro reactor de Ascó; y, finalmente, en 2035 echarán la persiana Vandellós II y Trillo. Sin embargo, lo que ha sucedido con Almaraz tiene un impacto directo en todo lo que está por venir.
¿Qué pasa en 2030?
Para 2030 estaba previsto el cierre de dos grupos nucleares y el inicio de su desmantelamiento. Ascó I y Cofrentes. Pero ahora se suman otras dos plantas más, las de Almaraz. Esto supone una sobrecarga de trabajo sin precedentes para Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos. Las objeciones técnicas van más allá.
Los trabajos de desmantelamiento requieren de perfiles profesionales concretos, maquinaria específica y una serie de recursos que no son los cotidianos. Todo eso al margen de la propia gestión de recursos. Expertos del sector nuclear indican a este periódico que si ya ha sido un calvario toda la gestión del cierre de la central de Garoña, el hecho de que ahora se junten cuatro grupos sería una situación nunca vista.
Es más, en caso de avanzar con el cierre nuclear, tal y como recalcó el Ejecutivo en el día de ayer, en 2032 llegaría otro apagón atómico que añadiría mayor presión.
La exministra Teresa Ribera no se ha pronunciado sobre la prórroga de Almaraz, y fue la impulsora de su cierre
Desde Transición Ecológica, sobre esta cuestión, insisten en que no hay ningún problema. Sostienen que se trata de procesos largos y complejos, y que Enresa tiene tiempo hasta el año 2030 para prepararse, dimensionarse y organizar su personal ante el desmantelamiento de los reactores nucleares. En su argumentación sobre cómo se podrá gestionar todo, el Gobierno asegura que la encargada de los residuos ya venía trabajando en los preparativos de desmantelamiento para la fecha límite de 2030, un trabajo de preparación que se remonta incluso a 2016.
Para restar importancia al hecho de que cuatro reactores se desactiven a la vez, en Transición Ecológica asumen que cierto solapamiento de cierres es inevitable debido a que cada desmantelamiento es un proceso largo y complejo que toma entre 10 y 15 años, y que siempre se contempló que coincidirían múltiples reactores en diferentes etapas del proceso.
Asimismo, sobre la gestión de residuos, en el Ejecutivo entienden que este solapamiento de procesos no generará riesgos ni problemas para la gestión de los residuos nucleares. Aunque se admite que abordar la retirada de los siete reactores de España entre 2027 y 2035 representa un desafío logístico importante.
Revisión necesaria
Aunque el Gobierno lo niegue, no queda otra alternativa que revisar el calendario conjunto de cierre para que no haya ningún tipo de contratiempo. Básicamente, porque se trata de una cuestión que afecta a todo el sistema en conjunto.
De hecho, Red Eléctrica ha tenido que realizar un informe para garantizar que la continuación operativa de Almaraz no supone ningún problema para el sistema. Algo obvio, por otra parte, porque una de las principales características de la energía nuclear es la prestación de una base sólida de producción eléctrica.
No obstante, toda esta situación también queda a la espera de lo que decidan hacer las empresas energéticas dueñas de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa han manifestado de manera pública que por ellas mantendrían abierto el parque nuclear otros 10 años más. Sin embargo, y pese a que Naturgy sí ha avalado la ampliación operativa de Almaraz, la gasista no ha sido tan contundente. Incluso, aunque las dos grandes eléctricas hayan tenido ese posicionamiento público, sus negocios están encaminados hacia las redes eléctricas, por lo que la producción es un segmento menos en su cuenta de resultados.
Cualquier decisión se deberá tomar a tres bandas y ninguna de ellas implica al Gobierno actual: el próximo Ejecutivo que saldrá de las urnas en el verano de 2027, las empresas y Enresa. Aunque todavía queda mucho tiempo para ello. La próxima revisión de los planes energéticos no llegará hasta 2028, cuando se deba reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y todo hace indicar que las empresas no moverán el asunto de manera oficial hasta esa fecha.
Aunque ya hay quien pide ir más allá. Desde la patronal sectorial Foro Nuclear se considera necesario utilizar este nuevo horizonte para abordar, «con sosiego y rigor», el papel que debe desempeñar la energía nuclear en el futuro modelo energético español. Asimismo, «resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación, en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización».
De esta manera, Foro Nuclear abre el melón que en el debate sobre Almaraz las empresas habían pasado de largo: los impuestos. Las dueñas han rechazado una revisión fiscal, pero ya recuerdan que en el futuro habrá que abordar las cuestiones económicas para tratar el asunto nuclear. Y es que las empresas sostienen que se trata de un negocio poco rentable por las cargas tributarias en un contexto, además, donde existe un cambio de paradigma que ha provocado que la producción eléctrica sea cada vez menos atractiva.
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