Hacienda no tiene siempre la razón. A pesar de la presión psicológica al recibir cualquier carta certificada del fisco; de la complejidad al interpretar un requerimiento impreso en papel; o de la fortaleza jurídica con la que cuenta la Agencia Tributaria, hay ciudadanos que no se doblegan ante las interpelaciones que hace la Administración con los impuestos. Pleitean. Y lo consiguen. Aunque no tengan el respaldo jurídico con el que ha podido contar una estrella musical como Shakira: un 41,2% de los que recurren a la justicia ante un requerimiento tributario acaban ganando la partida a la AEAT. La batalla que acaba de ganar la artista colombiana a la Hacienda española, con una devolución cuantificada en más de 60 millones de euros, no constituye ningún ‘rara avis’ en las relaciones de la Agencia Tributaria con el contribuyente. Aunque realmente son muy pocos los ciudadanos que se plantean abrir el camino a un recurso judicial. Lo hace menos de un 5% de quienes mantienen un pleito por el pago de impuestos. Pero de las 222.737 reclamaciones resueltas por los tribunales económico-administrativos (regionales o central) en 2024, casi 92.000 fueron favorables al contribuyente, total o parcialmente, según los registros recopilados por Gestha (técnicos de Hacienda), los últimos disponibles.El muro con el que se encuentran la mayoría de los ciudadanos al enfrentarse con Hacienda está supeditado al coste que conlleva iniciar este tipo de procesos. «Cuando un contribuyente recibe un requerimiento de 500 euros y tiene que contratar a un abogado para que se lo analice, ya no le va a compensar tanto», admite Francisco Serantes, coordinador del grupo de expertos del IRPF en Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales). Por eso, explica cómo «lo que hemos visto con Shakira es lo que vive un ciudadano medio pero con menos recursos para defenderse». Así lo explica también Carlos Cruzado, portavoz de Gestha, al recordar que las grandes empresas son las que litigan incluso hasta el Tribunal Supremo «porque tienen dinero para poder hacerlo ». Y no solo se trata de contar con un presupuesto disponible para ejercer este derecho, sino armarse de paciencia y esperar una resolución final que puede tardar meses e incluso años. «Al final la mayoría prefieren pagar y olvidarse» , sentencia Serantes.El ciudadano medio se encuentra además con un caramelo en forma de reducción de la sanción propuesta si realiza el pago correspondiente si no llega a protestar. Y en ese punto, la mayoría de contribuyentes optan por la cautela antes de iniciar un proceso costoso y tedioso que nunca saben cómo puede acabar por el propio miedo a enfrentarse a Hacienda, aunque los resultados finales les dan la razón en la mitad de los casos. «Muchos contribuyentes ni siquiera acuden a la reposición incluso contando con un asesor y con un criterio solvente», afirma José María Mollinedo, de Gestha. «Esto pasa porque en la mayoría de los casos se propone una bonificación de la multa», que hace las delicias del contribuyente. El IRPF y las valoración del inmuebleEl grueso de los litigios con los que los ciudadanos se enfrentan a la Agencia Tributaria pivotan en torno al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tributo con el que más dinero recauda cada año el Estado y las comunidades autónomas. Los últimos datos disponibles apuntan que casi 64.000 casos estaban relacionados con este gravamen. Y la tasa que mide cuándo el contribuyente tiene la razón asciende en este impuesto al 51% de los casos. Los perfiles que realizan una pugna con el fisco para cargarse de argumentos sobre el pago de este impuestos suelen ser «empresas o autónomos» , explica José María Mollinedo. «Habitualmente se trata de casos en los que un profesional puede haber sido excluido del sistema de módulos o, por ejemplo, no se le ha permitido deducir unos gastos que inicialmente ese contribuyente sí había contabilizado» en sus liquidaciones. Los contribuyentes ganan más a las comunidades que a la Agencia Tributaria por la valoración que hacen las regiones de los inmuebles en las compraventas o las herenciasEn cualquier caso, el tributo que más triunfos otorga a los contribuyentes cuando se deciden a pleitear no es ni el IRPF ni el IVA, sino el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). ¿La razón? Por la valoración que realizan las administraciones territoriales de los inmuebles en las operaciones de compraventa, herencias o donaciones. «La comunidad autónomo valor un bien por un valor y a veces no se atañe a los estándares de los tribunales», explica Mollinedo. Por eso, insiste, «a las comunidades se les gana mucho más que a la propia Agencia Tributaria».Muchas interpretaciones para una leyEl ciudadano medio, o el famoso de turno, no comprende cómo Hacienda puede llegar a plantear un criterio distinto al que tiene el propio contribuyente si la ley es la misma para todos. Sin embargo, esas fricciones surgen precisamente porque «las normas tributarias dejan mucho que desear», tal y como explica Francisco Serantes. «Son complejas , están mal redactadas y dan lugar a muchas interpretaciones», apunta. En ese punto, Hacienda elige un criterio distinto al del ciudadano o la empresa y ahí comienza el laberinto judicial. Hacienda no tiene siempre la razón. A pesar de la presión psicológica al recibir cualquier carta certificada del fisco; de la complejidad al interpretar un requerimiento impreso en papel; o de la fortaleza jurídica con la que cuenta la Agencia Tributaria, hay ciudadanos que no se doblegan ante las interpelaciones que hace la Administración con los impuestos. Pleitean. Y lo consiguen. Aunque no tengan el respaldo jurídico con el que ha podido contar una estrella musical como Shakira: un 41,2% de los que recurren a la justicia ante un requerimiento tributario acaban ganando la partida a la AEAT. La batalla que acaba de ganar la artista colombiana a la Hacienda española, con una devolución cuantificada en más de 60 millones de euros, no constituye ningún ‘rara avis’ en las relaciones de la Agencia Tributaria con el contribuyente. Aunque realmente son muy pocos los ciudadanos que se plantean abrir el camino a un recurso judicial. Lo hace menos de un 5% de quienes mantienen un pleito por el pago de impuestos. Pero de las 222.737 reclamaciones resueltas por los tribunales económico-administrativos (regionales o central) en 2024, casi 92.000 fueron favorables al contribuyente, total o parcialmente, según los registros recopilados por Gestha (técnicos de Hacienda), los últimos disponibles.El muro con el que se encuentran la mayoría de los ciudadanos al enfrentarse con Hacienda está supeditado al coste que conlleva iniciar este tipo de procesos. «Cuando un contribuyente recibe un requerimiento de 500 euros y tiene que contratar a un abogado para que se lo analice, ya no le va a compensar tanto», admite Francisco Serantes, coordinador del grupo de expertos del IRPF en Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales). Por eso, explica cómo «lo que hemos visto con Shakira es lo que vive un ciudadano medio pero con menos recursos para defenderse». Así lo explica también Carlos Cruzado, portavoz de Gestha, al recordar que las grandes empresas son las que litigan incluso hasta el Tribunal Supremo «porque tienen dinero para poder hacerlo ». Y no solo se trata de contar con un presupuesto disponible para ejercer este derecho, sino armarse de paciencia y esperar una resolución final que puede tardar meses e incluso años. «Al final la mayoría prefieren pagar y olvidarse» , sentencia Serantes.El ciudadano medio se encuentra además con un caramelo en forma de reducción de la sanción propuesta si realiza el pago correspondiente si no llega a protestar. Y en ese punto, la mayoría de contribuyentes optan por la cautela antes de iniciar un proceso costoso y tedioso que nunca saben cómo puede acabar por el propio miedo a enfrentarse a Hacienda, aunque los resultados finales les dan la razón en la mitad de los casos. «Muchos contribuyentes ni siquiera acuden a la reposición incluso contando con un asesor y con un criterio solvente», afirma José María Mollinedo, de Gestha. «Esto pasa porque en la mayoría de los casos se propone una bonificación de la multa», que hace las delicias del contribuyente. El IRPF y las valoración del inmuebleEl grueso de los litigios con los que los ciudadanos se enfrentan a la Agencia Tributaria pivotan en torno al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tributo con el que más dinero recauda cada año el Estado y las comunidades autónomas. Los últimos datos disponibles apuntan que casi 64.000 casos estaban relacionados con este gravamen. Y la tasa que mide cuándo el contribuyente tiene la razón asciende en este impuesto al 51% de los casos. Los perfiles que realizan una pugna con el fisco para cargarse de argumentos sobre el pago de este impuestos suelen ser «empresas o autónomos» , explica José María Mollinedo. «Habitualmente se trata de casos en los que un profesional puede haber sido excluido del sistema de módulos o, por ejemplo, no se le ha permitido deducir unos gastos que inicialmente ese contribuyente sí había contabilizado» en sus liquidaciones. Los contribuyentes ganan más a las comunidades que a la Agencia Tributaria por la valoración que hacen las regiones de los inmuebles en las compraventas o las herenciasEn cualquier caso, el tributo que más triunfos otorga a los contribuyentes cuando se deciden a pleitear no es ni el IRPF ni el IVA, sino el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). ¿La razón? Por la valoración que realizan las administraciones territoriales de los inmuebles en las operaciones de compraventa, herencias o donaciones. «La comunidad autónomo valor un bien por un valor y a veces no se atañe a los estándares de los tribunales», explica Mollinedo. Por eso, insiste, «a las comunidades se les gana mucho más que a la propia Agencia Tributaria».Muchas interpretaciones para una leyEl ciudadano medio, o el famoso de turno, no comprende cómo Hacienda puede llegar a plantear un criterio distinto al que tiene el propio contribuyente si la ley es la misma para todos. Sin embargo, esas fricciones surgen precisamente porque «las normas tributarias dejan mucho que desear», tal y como explica Francisco Serantes. «Son complejas , están mal redactadas y dan lugar a muchas interpretaciones», apunta. En ese punto, Hacienda elige un criterio distinto al del ciudadano o la empresa y ahí comienza el laberinto judicial.
Hacienda no tiene siempre la razón. A pesar de la presión psicológica al recibir cualquier carta certificada del fisco; de la complejidad al interpretar un requerimiento impreso en papel; o de la fortaleza jurídica con la que cuenta la Agencia Tributaria, hay ciudadanos que no … se doblegan ante las interpelaciones que hace la Administración con los impuestos. Pleitean. Y lo consiguen. Aunque no tengan el respaldo jurídico con el que ha podido contar una estrella musical como Shakira: un 41,2% de los que recurren a la justicia ante un requerimiento tributario acaban ganando la partida a la AEAT.
La batalla que acaba de ganar la artista colombiana a la Hacienda española, con una devolución cuantificada en más de 60 millones de euros, no constituye ningún ‘rara avis’ en las relaciones de la Agencia Tributaria con el contribuyente. Aunque realmente son muy pocos los ciudadanos que se plantean abrir el camino a un recurso judicial. Lo hace menos de un 5% de quienes mantienen un pleito por el pago de impuestos. Pero de las 222.737 reclamaciones resueltas por los tribunales económico-administrativos (regionales o central) en 2024, casi 92.000 fueron favorables al contribuyente, total o parcialmente, según los registros recopilados por Gestha (técnicos de Hacienda), los últimos disponibles.
El muro con el que se encuentran la mayoría de los ciudadanos al enfrentarse con Hacienda está supeditado al coste que conlleva iniciar este tipo de procesos. «Cuando un contribuyente recibe un requerimiento de 500 euros y tiene que contratar a un abogado para que se lo analice, ya no le va a compensar tanto», admite Francisco Serantes, coordinador del grupo de expertos del IRPF en Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales). Por eso, explica cómo «lo que hemos visto con Shakira es lo que vive un ciudadano medio pero con menos recursos para defenderse». Así lo explica también Carlos Cruzado, portavoz de Gestha, al recordar que las grandes empresas son las que litigan incluso hasta el Tribunal Supremo «porque tienen dinero para poder hacerlo». Y no solo se trata de contar con un presupuesto disponible para ejercer este derecho, sino armarse de paciencia y esperar una resolución final que puede tardar meses e incluso años. «Al final la mayoría prefieren pagar y olvidarse», sentencia Serantes.
El ciudadano medio se encuentra además con un caramelo en forma de reducción de la sanción propuesta si realiza el pago correspondiente si no llega a protestar. Y en ese punto, la mayoría de contribuyentes optan por la cautela antes de iniciar un proceso costoso y tedioso que nunca saben cómo puede acabar por el propio miedo a enfrentarse a Hacienda, aunque los resultados finales les dan la razón en la mitad de los casos. «Muchos contribuyentes ni siquiera acuden a la reposición incluso contando con un asesor y con un criterio solvente», afirma José María Mollinedo, de Gestha. «Esto pasa porque en la mayoría de los casos se propone una bonificación de la multa», que hace las delicias del contribuyente.
El IRPF y las valoración del inmueble
El grueso de los litigios con los que los ciudadanos se enfrentan a la Agencia Tributaria pivotan en torno al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tributo con el que más dinero recauda cada año el Estado y las comunidades autónomas. Los últimos datos disponibles apuntan que casi 64.000 casos estaban relacionados con este gravamen. Y la tasa que mide cuándo el contribuyente tiene la razón asciende en este impuesto al 51% de los casos.
Los perfiles que realizan una pugna con el fisco para cargarse de argumentos sobre el pago de este impuestos suelen ser «empresas o autónomos», explica José María Mollinedo. «Habitualmente se trata de casos en los que un profesional puede haber sido excluido del sistema de módulos o, por ejemplo, no se le ha permitido deducir unos gastos que inicialmente ese contribuyente sí había contabilizado» en sus liquidaciones.
Los contribuyentes ganan más a las comunidades que a la Agencia Tributaria por la valoración que hacen las regiones de los inmuebles en las compraventas o las herencias
En cualquier caso, el tributo que más triunfos otorga a los contribuyentes cuando se deciden a pleitear no es ni el IRPF ni el IVA, sino el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). ¿La razón? Por la valoración que realizan las administraciones territoriales de los inmuebles en las operaciones de compraventa, herencias o donaciones. «La comunidad autónomo valor un bien por un valor y a veces no se atañe a los estándares de los tribunales», explica Mollinedo. Por eso, insiste, «a las comunidades se les gana mucho más que a la propia Agencia Tributaria».
Muchas interpretaciones para una ley
El ciudadano medio, o el famoso de turno, no comprende cómo Hacienda puede llegar a plantear un criterio distinto al que tiene el propio contribuyente si la ley es la misma para todos. Sin embargo, esas fricciones surgen precisamente porque «las normas tributarias dejan mucho que desear», tal y como explica Francisco Serantes. «Son complejas, están mal redactadas y dan lugar a muchas interpretaciones», apunta. En ese punto, Hacienda elige un criterio distinto al del ciudadano o la empresa y ahí comienza el laberinto judicial.
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