La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal , tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de Plus Ultra, aquella aerolínea diminuta (apenas 170.000 pasajeros en 2019 frente a los 19 millones de Air Europa) a la que el Consejo de Ministros consideró «empresa estratégica» y agració con 53 millones de euros públicos en marzo de 2021. Más allá de la presunción de inocencia que asiste al expresidente, el episodio ha reabierto el debate de siempre: cómo evitar que estas tropelías vuelvan a producirse. Y la respuesta convencional —comisiones de supervisión, organismos de control, auditorías reforzadas, códigos éticos—, a la que intuitivamente se aferran tantos, resulta del todo insuficiente porque deja intacto el problema de fondo.El error consiste en pensar que la corrupción es una desviación accidental corregible con más vigilancia , cuando en realidad es la consecuencia previsible de un diseño institucional que entrega a unos pocos políticos la potestad de redistribuir cuantías astronómicas de dinero ajeno con criterios discrecionales. Toda la tradición liberal —de Adam Smith a Hayek— advierte lo mismo desde hace siglos: cuanto mayor sea el perímetro del Estado, mayor la rentabilidad esperada de capturarlo. Los controles a posteriori llegan siempre tarde , suelen ser pasto del compañerismo partidista (recordemos lo ocurrido con el CGPJ o el Tribunal de Cuentas) y, en el mejor de los casos, fiscalizan el reparto del botín sin cuestionar la existencia misma del botín.Imaginemos por un momento que el Estado tuviera vedado, como reclama la tradición liberal, rescatar empresas privadas con cargo al contribuyente. Plus Ultra habría quebrado en 2020, sus accionistas habrían perdido su capital (que es lo que corresponde a quien asume un riesgo) y ningún empresario habría podido contratar a ningún expresidente para mediar ante ningún ministro, porque sencillamente no habría nada que mediar. Lo mismo cabe decir de la obra pública: si las grandes infraestructuras —autopistas, ferrocarriles, aeropuertos— se financiaran mediante peajes voluntarios en lugar de con impuestos coactivos, el margen para la mordida, la adjudicación amañada y la comisión bajo cuerda se reduciría a una fracción ínfima del actual. Y otro tanto sucede con los fondos europeos, las subvenciones o el regulatorismo asfixiante: cada centímetro de poder estatal engendra, por necesidad lógica, su mercado negro de favores.Quienes en estos días claman por «más Estado para vigilar al Estado» están proponiendo, sin saberlo (o quizá, en algunos casos, sabiéndolo perfectamente), ampliar el problema mientras simulan combatirlo. Si de verdad queremos que no se repitan los Plus Ultra, los ERE o las tramas Gürtel , conviene poner en práctica la lección que los liberales llevamos siglos repitiendo: la corrupción no se ataja multiplicando los vigilantes, sino reduciendo el campo de juego en el que esa corrupción es siquiera concebible. Menos Estado, menos corrupción. La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal , tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de Plus Ultra, aquella aerolínea diminuta (apenas 170.000 pasajeros en 2019 frente a los 19 millones de Air Europa) a la que el Consejo de Ministros consideró «empresa estratégica» y agració con 53 millones de euros públicos en marzo de 2021. Más allá de la presunción de inocencia que asiste al expresidente, el episodio ha reabierto el debate de siempre: cómo evitar que estas tropelías vuelvan a producirse. Y la respuesta convencional —comisiones de supervisión, organismos de control, auditorías reforzadas, códigos éticos—, a la que intuitivamente se aferran tantos, resulta del todo insuficiente porque deja intacto el problema de fondo.El error consiste en pensar que la corrupción es una desviación accidental corregible con más vigilancia , cuando en realidad es la consecuencia previsible de un diseño institucional que entrega a unos pocos políticos la potestad de redistribuir cuantías astronómicas de dinero ajeno con criterios discrecionales. Toda la tradición liberal —de Adam Smith a Hayek— advierte lo mismo desde hace siglos: cuanto mayor sea el perímetro del Estado, mayor la rentabilidad esperada de capturarlo. Los controles a posteriori llegan siempre tarde , suelen ser pasto del compañerismo partidista (recordemos lo ocurrido con el CGPJ o el Tribunal de Cuentas) y, en el mejor de los casos, fiscalizan el reparto del botín sin cuestionar la existencia misma del botín.Imaginemos por un momento que el Estado tuviera vedado, como reclama la tradición liberal, rescatar empresas privadas con cargo al contribuyente. Plus Ultra habría quebrado en 2020, sus accionistas habrían perdido su capital (que es lo que corresponde a quien asume un riesgo) y ningún empresario habría podido contratar a ningún expresidente para mediar ante ningún ministro, porque sencillamente no habría nada que mediar. Lo mismo cabe decir de la obra pública: si las grandes infraestructuras —autopistas, ferrocarriles, aeropuertos— se financiaran mediante peajes voluntarios en lugar de con impuestos coactivos, el margen para la mordida, la adjudicación amañada y la comisión bajo cuerda se reduciría a una fracción ínfima del actual. Y otro tanto sucede con los fondos europeos, las subvenciones o el regulatorismo asfixiante: cada centímetro de poder estatal engendra, por necesidad lógica, su mercado negro de favores.Quienes en estos días claman por «más Estado para vigilar al Estado» están proponiendo, sin saberlo (o quizá, en algunos casos, sabiéndolo perfectamente), ampliar el problema mientras simulan combatirlo. Si de verdad queremos que no se repitan los Plus Ultra, los ERE o las tramas Gürtel , conviene poner en práctica la lección que los liberales llevamos siglos repitiendo: la corrupción no se ataja multiplicando los vigilantes, sino reduciendo el campo de juego en el que esa corrupción es siquiera concebible. Menos Estado, menos corrupción.
La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de Plus Ultra, aquella aerolínea diminuta (apenas 170.000 pasajeros en 2019 frente a los 19 millones de Air … Europa) a la que el Consejo de Ministros consideró «empresa estratégica» y agració con 53 millones de euros públicos en marzo de 2021. Más allá de la presunción de inocencia que asiste al expresidente, el episodio ha reabierto el debate de siempre: cómo evitar que estas tropelías vuelvan a producirse. Y la respuesta convencional —comisiones de supervisión, organismos de control, auditorías reforzadas, códigos éticos—, a la que intuitivamente se aferran tantos, resulta del todo insuficiente porque deja intacto el problema de fondo.
El error consiste en pensar que la corrupción es una desviación accidental corregible con más vigilancia, cuando en realidad es la consecuencia previsible de un diseño institucional que entrega a unos pocos políticos la potestad de redistribuir cuantías astronómicas de dinero ajeno con criterios discrecionales. Toda la tradición liberal —de Adam Smith a Hayek— advierte lo mismo desde hace siglos: cuanto mayor sea el perímetro del Estado, mayor la rentabilidad esperada de capturarlo. Los controles a posteriori llegan siempre tarde, suelen ser pasto del compañerismo partidista (recordemos lo ocurrido con el CGPJ o el Tribunal de Cuentas) y, en el mejor de los casos, fiscalizan el reparto del botín sin cuestionar la existencia misma del botín.
Imaginemos por un momento que el Estado tuviera vedado, como reclama la tradición liberal, rescatar empresas privadas con cargo al contribuyente. Plus Ultra habría quebrado en 2020, sus accionistas habrían perdido su capital (que es lo que corresponde a quien asume un riesgo) y ningún empresario habría podido contratar a ningún expresidente para mediar ante ningún ministro, porque sencillamente no habría nada que mediar. Lo mismo cabe decir de la obra pública: si las grandes infraestructuras —autopistas, ferrocarriles, aeropuertos— se financiaran mediante peajes voluntarios en lugar de con impuestos coactivos, el margen para la mordida, la adjudicación amañada y la comisión bajo cuerda se reduciría a una fracción ínfima del actual. Y otro tanto sucede con los fondos europeos, las subvenciones o el regulatorismo asfixiante: cada centímetro de poder estatal engendra, por necesidad lógica, su mercado negro de favores.
Quienes en estos días claman por «más Estado para vigilar al Estado» están proponiendo, sin saberlo (o quizá, en algunos casos, sabiéndolo perfectamente), ampliar el problema mientras simulan combatirlo. Si de verdad queremos que no se repitan los Plus Ultra, los ERE o las tramas Gürtel, conviene poner en práctica la lección que los liberales llevamos siglos repitiendo: la corrupción no se ataja multiplicando los vigilantes, sino reduciendo el campo de juego en el que esa corrupción es siquiera concebible. Menos Estado, menos corrupción.
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