La presión contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta llega por todos los frentes. Todos le piden más medios, desde los sindicatos policiales, el Poder Judicial, el PP y el propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que insiste en la idea de que el Ejecutivo central “ha abandonado a Ceuta”, a pesar de que sigue allí la ministra de Inclusión, Elma Saiz, con la que este lunes pactó nuevos espacios para acoger a 1.500 inmigrantes. Mientras, el Ejecutivo recuerda que ya están en marcha todos esos refuerzos que se reclaman y que, en el caso de la justicia, se ofrecieron hace dos semanas sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los haya solicitado formalmente aún. Además, se afana por acelerar la puesta en marcha de instalaciones para albergar a miles de personas y evitar que duerman en las playas y vaguen sin destino por la ciudad, con una población cada vez más inquieta ante esta situación.
“La situación está muy tensa, por eso es necesaria la contención”, señalan en las nuevas zonas habilitadas por el Ejecutivo, que aún no están listas El Gobierno acelera las soluciones para Ceuta entre presiones del PP, la justicia, la UE y hasta la policía | España | EL PAÍSIr al contenido
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“La situación está muy tensa, por eso es necesaria la contención”, señalan en las nuevas zonas habilitadas por el Ejecutivo, que aún no están listas
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Así viven los migrantes en el asentamiento improvisado de la playa de El Trampolín
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Así viven los migrantes en el asentamiento improvisado de la playa de El Trampolín
La presión contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta llega por todos los frentes. Todos le piden más medios, desde los sindicatos policiales, el Poder Judicial, el PP y el propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que insiste en la idea de que el Ejecutivo central “ha abandonado a Ceuta”, a pesar de que sigue allí la ministra de Inclusión, Elma Saiz, con la que este lunes pactó nuevos espacios para acoger a 1.500 inmigrantes. Mientras, el Ejecutivo recuerda que ya están en marcha todos esos refuerzos que se reclaman y que, en el caso de la justicia, se ofrecieron hace dos semanas sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los haya solicitado formalmente aún. Además, se afana por acelerar la puesta en marcha de instalaciones para albergar a miles de personas y evitar que duerman en las playas y vaguen sin destino por la ciudad, con una población cada vez más inquieta ante esta situación.
El mensaje político de todas estas presiones, incluida una imprevista de la Comisión Europea, es muy claro: que el Ejecutivo expulse cuanto antes a todos los inmigrantes que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio. “No va a haber asilo para ellos”, dijo desde la ciudad autónoma la dirigente del PP Cuca Gamarra. “La emergencia consiste en sacar de Ceuta al que ha llegado sin ninguna expectativa de asilo”, remató a su lado Vivas, que cree que Marruecos ejerce esta “presión migratoria” para “desestabilizar y poner en jaque la soberanía española”. Este miércoles, viajará allí Alberto Núñez Feijóo, con la intención de reforzar esa presión sobre el Ejecutivo. El líder del PP acusó el martes a la administración de Pedro Sánchez de estar “ausente, inerte e indiferente a los intereses, la seguridad o la integridad de los ceutíes y la soberanía de los españoles”.
“El Gobierno tiene medios para acelerar las expulsiones”, insistió Vivas. Pero nada es tan sencillo, explican en el Ejecutivo, y aseguran que el presidente ceutí lo sabe mejor que nadie, porque tiene mucha experiencia en este problema como líder desde hace 25 años de una ciudad en la frontera más caliente de la Unión Europea.
La enorme mayoría de los 80.000 inmigrantes que entraron en dos días dramáticos volvieron a Marruecos a las pocas horas. Pero los que quedan, unos 9.000, no son tan fáciles de expulsar. Hay que tramitar sus peticiones de asilo, ver si tienen derecho o no a esta protección y buscar la manera de devolverlos.
Vivas y Gamarra piden el retorno de los migrantes: «No hay normalidad»
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Vivas y Gamarra piden el retorno de los migrantes: «No hay normalidad»
La Comisión Europea, por ejemplo, comunicó oficialmente que le parecería correcto que España devolviera a Marruecos a todos los menores que han entrado de forma irregular. Es una nueva muestra del endurecimiento del discurso migratorio en toda Europa, incluso cuando se habla de menores. Según indicó desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, el derecho de la UE también contempla la devolución de estos menores. “Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”, sentenció.
Pero no es tan sencillo. La legislación española protege a los menores, y está aún muy reciente la condena de inhabilitación de nueve años contra la anterior delegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta precisamente por haber devuelto menores de manera precipitada en la crisis de 2021, sin haber comprobado si los menores querían volver y si sus padres lo iban a acoger. El Ejecutivo tiene así una fuerte presión política, pero no puede cometer errores que sean tumbados por la justicia, como pasó precisamente con la devolución en caliente de inmigrantes que llegan por el mar, rechazada por una sentencia del Tribunal Supremo.
Y mientras, en las zonas que se están habilitando para acoger a 1.500 inmigrantes de momento —y que en el futuro podrían ser más, según la ministra Saiz—, se percibe esa tensión por los dos lados. Desde los migrantes, cansados de estar en la calle, con hambre y sin expectativas, tanto que un grupo de marroquíes ha llegado a convocar una huelga de hambre para solicitar el asilo [algo prácticamente inviable en el caso de esta nacionalidad, según fuentes del Ejecutivo] en la playa de El Trampolín, en uno de los principales asentamientos irregulares de la ciudad; y del lado de la ciudadanía, donde se palpa el temor por la seguridad y los conflictos que puedan surgir.
“A nadie le gusta que sus hijos no puedan salir a la calle por miedo. Ya no es solo que se puedan pelear entre ellos, sino que haya una agresión a un mayor que les habla mal”, explica una persona que ha recabado el testimonio de numerosos agentes durante los últimos días. Otras fuentes policiales piden “mesura, precaución”. “La situación está muy tensa, precisamente por eso es necesaria la contención”, ruegan.
Las zonas que el Gobierno anunció que se prepararían para reubicar a los migrantes avanzan despacio. En la que más cambios se nota es en la zona del embolsamiento, cerca de la frontera. Es un gran aparcamiento en el que ya se han levantado 13 tiendas con lona verde militar. Apenas un tercio del espacio, normalmente utilizado para que los vehículos que van a cruzar a Marruecos estacionen hasta que les llegue el turno y no generen colas en la frontera, conserva este martes su uso original. Los trabajadores no permiten el paso a periodistas. “No sabemos si será para mayores o menores; los propios chicos nos están preguntando y no sabemos qué decirles”, comenta uno de ellos. Utman Hachiur y Mohamed Chamenh, ambos de 17 años, dicen que no tienen ni idea de lo que se va a hacer allí, pero están pasando el rato, observándolo desde una loma. Entraron el 30 de julio y aseguran que les echaron de la comisaría. “Nuestra familia nos dice que esperemos”, comenta Utman, con una sonrisa.
A unos metros, Ilias, de 16 años, tampoco tiene ni idea de lo que se está gestando en un aparcamiento que un día normal de verano solía estar lleno hasta arriba, especialmente por la Operación Paso del Estrecho. Este martes a las 18.30, tenía tres coches estacionados. El chico, de Castillejos, dice que tiene miedo a que le saquen de Ceuta y que se está quedando con unos familiares. “He ido a un centro de menores y me he dado la vuelta. Me gustaría estudiar cocina”, resume.
En otro de los lugares señalados, a unos cinco kilómetros al noroeste, cerca del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería sigue lleno de matojos y no se aprecian movimientos. En las instalaciones de la Hípica, un centro ecuestre de la ciudad, están pintando una sábana para protestar por la decisión de utilizar esta zona para albergarles. “Hay otros muchos sitios, cuarteles vacíos, donde colocarlos”, resume Alicia Molina, usuaria del centro y propietaria de Halcón, uno de los 70 caballos que albergan sus instalaciones. Unas 30 personas están preparando una protesta en la puerta, con la intención de que se eche atrás. “Esta mañana han venido a preparar las instalaciones y se han encontrado a los caballos en la pista de entrenamiento y se han ido”, comenta otra de las usuarias. “Ni feria, ni playa, ni verano, tampoco clases de equitación. No hay derecho”, reza una de las pancartas que han preparado y que minutos antes de las 19.00 exhiben en la reja que da entrada al complejo. Los ceutíes insisten en que esas carpas no son “la solución”, sino un efecto llamada. “No es inmigración, es una invasión. Ceuta no se vende, se defiende”, añaden en la sábana que estaban pintando. Fuentes de Inclusión insisten, ante las quejas de los vecinos, en que son soluciones temporales. “La alternativa es que estén en la playa y lo más rápido es habilitar estos espacios”, añaden.
Los sindicatos policiales aumentan esa presión contra el Gobierno. Según explicó Daniel López, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP, mayoritario en la escala de mando), después de reunirse con Vivas y Gamarra, se ha generado “una sensación de inseguridad que está provocando el confinamiento de muchas familias”. En la misma línea, Carlos Prieto, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), denunciaba al menos 10 denuncias por agresiones sexuales. “Estamos viendo robos con violencia, agresiones a policías…”, añadía. Por su parte, Serafín Giraldo, dirigente de la Unión Federal de Policía (UFP), destacaba que las llamadas de emergencia a la sala del 091 habían llegado a ser algunos días de 300. “Una exageración para una ciudad de 80.000 habitantes”. Aaron Rivero, secretario general de Justicia Policial (Jupol), hablaba de agresiones entre los propios migrantes: “Había peleas entre ellos a machetazos, a cuchilladas y, cuando aparecieron los policías, todos se unieron para atacarnos a nosotros”. Rachid Sbihi, dirigente local de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, mayoritaria entre los agentes del instituto armado), se lamenta de que todo ello “ha alterado” la convivencia de la ciudad y se queja de la falta de previsión del Gobierno para anticiparse a lo que ha ocurrido.
El Ejecutivo contesta a todos con datos oficiales y con los movimientos que ya ha hecho. Muy claro fue el choque entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Mientras el Poder Judicial pedía más medios, el departamento de Bolaños contestó rotundo: ya se ofreció hace semanas al CGPJ la posibilidad de aprobar refuerzos y este aún no ha comunicado una respuesta. “Pero está todo preparado para tramitarla en cuanto llegue”. Y además, asegura Justicia, se ha reforzado el Tribunal de Instancia con dos plazas de tramitación procesal y una plaza de médico forense, así como con un incremento del 271% de la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma. Además, hay tres fiscales sustitutos nuevos y el turno de oficio contará con cinco nuevos letrados. Este choque es una prueba de cómo está el ambiente político e institucional con la crisis en Ceuta: todos apuntan al Gobierno, que trata de mostrar todo lo que está haciendo y pide colaboración a todas las instituciones. La tensión, sin embargo, crece y la visita del líder de la oposición sin duda la aumentará.
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