“Dije que no quería ir a la Península, que yo tenía amigos y familia de confianza en Canarias y también que estaba estudiando y me faltaban dos meses para acabar el ciclo formativo de Electricidad. Lo escribí en un papel y lo firmé”, explica Saliou, resolutivo, por teléfono. El muchacho tiene 17 años y es de Senegal, pero le llaman El Canario, por el acento isleño que se le pegó bien pronto. En medio de la marabunta política por la reubicación de los chiquillos migrantes que saturaban los centros de Canarias, Ceuta y Melilla y debían ser trasladados a otras comunidades, muchos de esos muchachos levantaron la voz. Generalmente, los recién llegados a esas plazas lo primero que preguntan es cómo se llega a “España”, es decir, a la Península, pero no siempre. Algunos, como Saliou, han quedado atrapados en las redes solidarias de familias que no les han dejado caer, que los sacan de excursión con sus hijos los fines de semana, los invitan a comer y les ayudan a sortear las mil trabas burocráticas con las que han peleado para encontrar un hueco en su nueva patria. Ya hablan con acento.
Más de mil adolescentes se resistieron a su traslado desde Canarias para ser reubicados en otras comunidades por su arraigo en las islas. Muchos lo lograron
“Dije que no quería ir a la Península, que yo tenía amigos y familia de confianza en Canarias y también que estaba estudiando y me faltaban dos meses para acabar el ciclo formativo de Electricidad. Lo escribí en un papel y lo firmé”, explica Saliou, resolutivo, por teléfono. El muchacho tiene 17 años y es de Senegal, pero le llaman El Canario, por el acento isleño que se le pegó bien pronto. En medio de la marabunta política por la reubicación de los chiquillos migrantes que saturaban los centros de Canarias, Ceuta y Melilla y debían ser trasladados a otras comunidades, muchos de esos muchachos levantaron la voz. Generalmente, los recién llegados a esas plazas lo primero que preguntan es cómo se llega a “España”, es decir, a la Península, pero no siempre. Algunos, como Saliou, han quedado atrapados en las redes solidarias de familias que no les han dejado caer, que los sacan de excursión con sus hijos los fines de semana, los invitan a comer y les ayudan a sortear las mil trabas burocráticas con las que han peleado para encontrar un hueco en su nueva patria. Ya hablan con acento.
En Canarias se registraron 1.090 alegaciones de muchachos contra su traslado a la Península, 204 en Melilla y ninguna en Ceuta, desde que se puso en marcha el proceso el verano del año pasado. Esas son las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, cerradas a 31 de julio. Así que, mientras ciertos presidentes de las comunidades autónomas levantaban su voz para que no les incluyeran en el reparto solidario de menores no acompañados, muchos ni siquiera querían viajar a la Península. Y se les escuchó en gran medida, por el “interés superior del menor”, dice la directora general de Protección de la Infancia y las Familias de Canarias, Sandra Rodríguez González. “No a todos, claro, porque alegar que no quieren salir porque tienen amigos en las islas… pues no es determinante, pero sí, se les escuchó”, afirma.
En los meses posteriores al decreto gubernamental, cuando los menores iban llegando a la Península, de tarde en tarde saltaba a los noticieros la actitud poco edificante de algunos alcaldes que no los querían en su pueblo. Ciertos vecinos ponían el grito en el cielo y montaban espectáculos poco ejemplares. En Canarias se armó un verdadero escándalo, pero por razones distintas: decenas de familias pelearon para que no se llevaran a los chicos con los que ya habían trabado relaciones de cariño, a los que veían enderezar su vida día a día con los estudios, arraigarse en el barrio con los amigos, con el equipo de fútbol. Pasaron de ser tímidos adolescentes salidos de una patera cualquier noche a mostrarse confiados, peleones y cabezotas, como cualquier otro chico de esas edades. Y si bien es verdad que algunos decían sí y luego no y luego otra vez sí cuando se les seleccionaba para ir a la Península ―como recuerda la directora general canaria― otros lo tuvieron claro desde el principio.
Babacar Gueye tenía el año pasado 17 años y ya llevaba en Canarias “tres y pico”. Había encontrado un empleo de camarero y ni la presencia de un hermano en la Península le convenció para dar el salto. “Fui con la directora de mi centro de menores a la dirección general y les dije que tenía un buen trabajo, que tenía dinero, que no quería tener que empezar de cero. Yo siempre estuve en Tenerife. Lo alegué y firmé”. Tiempo después, cuando ya había “olvidado el tema”, le volvieron a llamar con idéntico motivo y ahí contó con la ayuda de su familia de confianza, de abogados amigos y de nuevo obtuvo su propósito. Sigue trabajando de camarero en un buen ambiente, “con un jefe maravilloso” y con colegas que son, dice, “una familia”.
“No se les obligó nunca a tomar un avión si no querían, ni hemos recibido comunicación de ninguno que quiera volver. Las comunidades han hecho un trabajo importante”, dice la directora general. Pero si bien hubo casos polémicos de difícil adaptación, gritos de alcaldes y recursos de las comunidades autónomas de acogida, el trabajo se ha ido haciendo en los niveles inferiores, con un funcionariado eficiente y alejado del ruido político. Así lo dicen también en Ceuta.
Muchos de aquellos muchachos fueron cumpliendo la mayoría de edad a medida que se completaban los trámites y tuvieron que quedarse en las islas, donde se han organizado para que puedan trabajar y tener acceso a una vivienda, explica la directora general: “Algunos han estado viviendo en hoteles que les daban formación para la hostelería y trabajan allí”. “Y hemos abierto cerca de 10 centros con 200 plazas para que puedan alojarse”, añade, porque deben salir de los establecimientos para menores al cumplir los 18. Rodríguez explica también que a otros extutelados los han sacado a la Península con una red de apoyo ya constituida, para la que han contado con ayuda “de empresas o de organizaciones como Cáritas”. Se trata del proyecto Urdimbre, con el que buscan trabajo y vivienda para ellos en la otra orilla española.
Los profesores han sido en Canarias una buena red de apoyo para los menores que se matriculaban en sus centros y a los que pronto atisbaban aptitudes para el estudio. Saliou ha completado con éxito su grado medio en Electricidad y, después de no pocas vicisitudes, este año podrá jugar al fútbol ya sin las trabas que impuso la FIFA. Está feliz y se le nota hasta por teléfono. “Ahora llevo dos semanas trabajando en una empresa de electricidad. Yo quería matricularme en el Grado Superior, pero no hay plazas”, explica, poniendo de manifiesto uno de los grandes problemas con los que chocan los migrantes más jóvenes en España. El plan de Integración y Ciudadanía que presentó el presidente Pedro Sánchez a finales de junio, dotado con 505 millones de euros en su primer año, establecía la creación de 100.000 nuevas plazas de Formación Profesional para la integración de estos muchachos en sectores de mayor demanda. Pero la legislatura corre.
Y la vida de estos jóvenes también. Saliou se quedó, Babacar sigue en su restaurante y Abdoulah también lo logró y pudo acabar su ciclo básico de Formación Profesional y ahora espera matricularse en el grado medio. Mientras, trabaja en una panadería, “horneando”, y juega al fútbol. “Yo siempre soñaba con ser jugador profesional, pero bueno, ahora tengo una vida mejor y puedo ayudar a mi familia. Allí en Mali tengo siete hermanos y aquí en Canarias, un hermano y dos hermanas”. Abdou cumplió 18 y su familia de acogida le ofreció la vivienda para que se quedara con ellos. “Se lo agradezco muchísimo. Yo no quería ir a la Península porque ya tengo media vida hecha aquí y no quiero empezar de nuevo”. Lejos quedan aquellos días largos de la patera, prácticamente perdidos en el mar. “Se rompió el mapa, no sabíamos llegar, estuvimos cinco días en el agua, algunos sin poder comer ni beber. Cansadísimos. Fue difícil. Una historia larga. No quiero hablar de ello”.
