Nueva vuelta de tuerca para las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas de Cataluña. El Gobierno catalán dará luz verde este martes a un nuevo decreto que servirá para profesionalizar la gestión de esas entidades, cuyos depósitos no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, y mejorar su solvencia, según explican fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. Actualmente, hay 55 unidades de crédito que dan servicios financieros a 72 municipios, de acuerdo con los datos de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña. En 30 de esas localidades no hay más bancos dando servicio con oficina física. La normativa se actualiza después de que, en la década pasada, se produjeran los colapsos de esas áreas en L’Aldea y Cambrils.
El Ejecutivo aprobará un decreto para profesionalizar la gestión de esas entidades tras los colapsos de L’Aldea y Cambrils
Nueva vuelta de tuerca para las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas de Cataluña. El Gobierno catalán dará luz verde este martes a un nuevo decreto que servirá para profesionalizar la gestión de esas entidades, cuyos depósitos no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, y mejorar su solvencia, según explican fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. Actualmente, hay 55 unidades de crédito que dan servicios financieros a 72 municipios, de acuerdo con los datos de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña. En 30 de esas localidades no hay más bancos dando servicio con oficina física. La normativa se actualiza después de que, en la década pasada, se produjeran los colapsos de esas áreas en L’Aldea y Cambrils.
Las secciones de crédito han sido un instrumento financiero que, históricamente, ha permitido a los socios depositar sus ahorros, obtener financiación para sus explotaciones y gestionar sus cobros y pagos. En Cataluña, sin embargo, el sector no ha sido ajeno a los problemas financieros. Antes de la Navidad de 2011, los socios de la cooperativa agrícola de L’Aldea se encontraron con un corralito sobre sus ahorros. En total, 1.190 afectados vieron peligrar sus ahorros, de unos 5,6 millones, después de que la sección de crédito estallara. A la crisis que venían sufriendo sus arcas se añadió una inversión en terrenos y métodos de riesgo para cuya financiación la entidad hipotecó activos por 1,5 millones de euros.
Cuatro años más tarde, y curiosamente también los días previos a Navidad, la misma situación vivió la unidad de crédito de la cooperativa de Cambrils. Solo que los 1.500 afectados tenían allí 32 millones de euros. Además de esos dos episodios, la Generalitat busca que esas unidades de crédito se adapten a la realidad de los cooperativistas, que ha ido cambiando a lo largo de esos años. Las explotaciones han ido concentrándose, por lo que hay menos socios dedicados a esa actividad pero que siguen vinculados a esas entidades.
La Generalitat aprobará un decreto que, según las fuentes consultadas, servirá para actualizar el actual marco normativo, de 2003. Entre otras cosas, buscará reforzar la solvencia y la profesionalización de la gestión de las secciones. Así, la entidad deberá aportar a la Generalitat una “declaración sobre la suficiencia de la preparación técnica y de la experiencia” de la persona que se sitúe al frente de la sección.
El articulado ya pasó por el Consejo del Trabajo, Económico y Social (CTESC) de la Generalitat, que emitió su dictamen. Según el Ejecutivo catalán, el decreto busca “mantener la solvencia patrimonial” y la “capacidad operativa” de las áreas de crédito, reforzar la “sostenibilidad” de las cooperativas que cuentan con esas unidades y “avanzar hacia la simplificación administrativa”.
Entre otras cosas, las cooperativas con secciones de crédito deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos, los recursos propios no podrán ser inferiores al 50% de la suma de los saldos del inmovilizado material e inmaterial neto de la cooperativo y la deuda exigible no puede ser más de nueve veces mayor a sus recursos propios. Además, cada operación que se haga con cargo a los recursos de la sección de crédito necesitará del acuerdo de su consejo rector, con un informe previo del gerente. Y por último, los terrenos y las construcciones propiedad de la cooperativa no se podrán aportar en garantía para la financiación.
La Generalitat considera que el decreto permitirá que el Departamento de Economía y Finanzas pueda “ejercer de manera más eficaz sus funciones de supervisión financiera. De esta manera, se garantiza la financiación de la actividad agraria y, al mismo tiempo, se protegen los ahorros de los depositantes”.
Las secciones de crédito de las cooperativas son especialmente sensibles porque, a diferencia de las entidades tradicionales, los ahorros de los socios no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos ni están supervisados por el Banco de España. Además, solo pueden dedicarse a financiar actividades agrarias o necesidades domésticas de los depositantes.
